Flores Cabrera Pablo Antonio

La educación según nuestra constitución es un derecho de las personas y es un deber ineludible del Estado, constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, además es responsabilidad del Estado asegurar el mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física de las instituciones educativas públicas. Inicio parafraseando este articulado constitucional para analizar la propuesta de campaña del Señor Lasso de reabrir las escuelas rurales cerradas en periodos anteriores.

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Hasta el año 2009 el 52% de las instituciones educativas eran unidocentes y bidocentes, a pesar de todo el profesionalismo de los educadores, la docencia multigrado por sus características se aleja por completo del concepto de calidad educativa, fuera de aquello, muchas instituciones no contaban con servicios de internet, e incluso algunas carecían de agua potable, alcantarillado o energía eléctrica, por estas condiciones es que se pensó en un plan para mejorar esta situación que consistía, no únicamente en el cierre de escuelas rurales, si no en la fusión de establecimientos para aprovechar y optimizar recursos, se crearon o se repotenciaron instituciones con la infraestructura adecuada como para llevar avante procesos educativos acordes a los requerimientos de una sociedad moderna.

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El nuevo gobierno ofrece reabrir estas escuelas, se argumenta que, su cierre excluyó a muchos estudiantes, que ya no cuentan con escuelas o colegios cercanos a sus domicilios, se puede tener razón y las intenciones pueden ser las mejores, pero antes, la nueva Ministra y su equipo deberán justificar si vale la pena realizar esta inversión que desde luego será muy elevada. Todos los estudiantes deben tener acceso a la educación sí, pero cuidado con volver a las escuelas en donde un docente debe ser responsable de varios grados, por otro lado, el entorno físico, el manejo administrativo y pedagógico de las escuelas a ser reabiertas deben ser similares a los de las instituciones educativas céntricas, caso contrario, estaríamos dentro de una educación con características también excluyentes.

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Si se piensa en la reapertura de estos centros educativos se deberá fortalecer los mecanismos de control de matrícula por lugar de residencia, es un factor muy importante pues por todos es conocido que, los habitantes de zonas y parroquias rurales deciden optar por instituciones en los centros de las ciudades, no queremos desperdicio de recursos con aulas que no lleguen ni a 10 o 15 estudiantes ni tampoco saturación con salones con más de 35.

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¿Realmente se podrá para cumplir con esta propuesta?, reabrir una institución requiere de recursos físicos y humanos y nuestra realidad económica es difícil, por ejemplo: cuesta creer que a la mitad de este periodo lectivo no se pueda devolver a ciertas instituciones partidas de docentes por concepto de jubilaciones. Hay que poner los pies sobre la tierra y antes de dar el ejecútese a lo ofrecido, se deberá considerar los distintos escenarios, analizar otras alternativas de solución, más factibles económicamente, que contemplen la ampliación de la cobertura del servicio educativo, pero por sobre todo la calidad educativa como decreta la constitución.